Desde hace pocos días atrás, Guatemala cuenta con su propia Ley de Acceso a la Información Pública. Esta norma, aprobada por el Parlamento de ese país en septiembre de 2008 y vigente desde el 20 de abril de 2009, asegura la transparencia en el manejo de fondos públicos tanto por entes públicos como privados.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, todas las entidades públicas y privadas que manejan fondos del Estado, están obligadas a dar la información que les solicite cualquier ciudadano con el fin de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Juan Archila, secretario de la Comisión de Acceso a la Información creada en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) –organismo responsable de verificar el cumplimiento de la ley-, destacó que su oficina "esta preparada para recibir las denuncias, revisar los expedientes que correspondan y luego, en su momento, emitir una resolución enmarcándonos en el derecho humano a tener acceso a la información pública".

Según la Procuraduría, son al menos un total de 8.000 instituciones, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas las que deberán facilitar información. Es que los sujetos obligados a brindar información según la nueva norma guatemalteca abarcan a “…toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional (…) que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general…”, según reza su artículo 6°. De este modo, quedan comprendidas organizaciones y empresas que en otros países de la región, no están obligadas legalmente a dar información.

El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, aseguró que “este es un cambio en la política administrativa” y agregó que “a los que les preocupe la ley es porque no tienen transparencia”.

La flamante norma también prevé sanciones. Quien comercialice datos personales, quien altere, destruya o retenga información y quien revele información confidencial o reservada, podrá ser sancionado con multa o con penas de prisión que, según el caso, van de uno a ocho años.

Con la entrada en vigencia de esta ley que eleva los estándares habituales en la materia, Guatemala se pone a la cabeza de la lista de países que cuentan con normas nacionales que regulan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Hace pocos días atrás, Chile dio también un paso adelante en términos de transparencia al entrar en vigencia su propia ley.

Fuente: Noticias Terra

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