El pasado 13 de mayo, la Presidencia de la República de Brasil envió un proyecto de ley de acceso a la información pública al Congreso Nacional. Luego de un largo proceso por parte de la sociedad civil, la reglamentación deberá cubrir toda la administración pública: esfera federal, provincial y municipal.

El proyecto de ley enviado al Congreso cumple en líneas generales con los estándares de derecho internacional en materia de acceso a la información pública. Sin embargo, algunos aspectos relevantes para el ejercicio de este derecho humano no están asegurados en la propuesta, entre ellos, la forma jurídica ideal para garantizar que la regla sea plena y que exista un mecanismo para recurrir de manera rápida y eficaz, en caso de negación del acceso.

Países como México y Estados Unidos, al sancionar su ley, crearon estructuras con cierta independencia para revisar las denegaciones de acceso a datos públicos. En Brasil, la instancia de revisión prevista en el proyecto de ley será la Controladora General de la Unión (CGU), un organismo sin independencia, ni poder político para obligar a todos los otros órganos públicos a cumplir la ley.

El caso brasileño es peculiar ya que la ley tendrá alcance sobre todas las esferas del gobierno y en todos los niveles. En México y Estados Unidos, la ley se aplica solamente al poder ejecutivo federal. En Brasil, si se definiera establecer instancias para recurrir o fiscalizar, habría que respetar la independencia de los municipios, Estados, y el Distrito Federal; cada uno de estos niveles deberían crear sus propios organismos.

Lo relevante de este proceso, es el hecho de que el Poder Ejecutivo avance hacia una reglamentación amplia. Este tipo de ley de acceso a la información solamente puede -desde el punto de vista constitucional-, ser una iniciativa del gobierno, ya que se trata de legislación que producirá gastos y habría que determinar un presupuesto específico para la aplicación de la ley. Exclusivamente el Ejecutivo puede proponer este tipo norma. Al Congreso Nacional le corresponderá hacer las correcciones que estime convenientes en el texto del proyecto, durante su tramitación.

Histórico

El texto del proyecto de ley es resultado de casi 7 años de movilización de diferentes entidades a favor de la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública en Brasil.

El tema fue desarrollado inicialmente por Abraji (Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo), desde su creación, a fines de 2002. La defensa del libre acceso a todos los documentos públicos está entre las misiones de esta organización.

En septiembre de 2003, Abraji organizó el Primer Seminario Internacional sobre el Derecho de Acceso a Informaciones Públicas. Participaron de la iniciativa el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Transparencia Brasil, ANJ (Asociación Nacional de los Periódicos) y Fenaj (Federación Nacional de los Periodistas). Durante el evento, las organizaciones de la sociedad civil decidieron unirse en una coalición de estímulo a la libertad de información. Allí, nació el Forum de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas.

En el 2004, el Forum fue formalmente constituido – por 18 organizaciones en aquel momento – durante una reunión en la sede del Consejo Federal del Orden de los Abocados de Brasil (OAB), en Brasilia. Hoy, 23 organizaciones integran la coalición. La coordinación del Forum, desde el inicio, estuvo a cargo de los periodistas Fernando Rodrigues y Fernando O. Paulino.

En 2005, una de las entidades del Forum, Transparencia Brasil, propuso al Consejo de Transparencia Pública y Combate a la Corrupción –órgano consultivo vinculado a la Controladora General de la Unión (CGU)–, el estudio de mecanismos legales y administrativos para asegurar el acceso a la información. El Consejo, conformado tanto por representantes del gobierno como por movimientos sociales, decidió que la CGU debería presentar un borrador del anteproyecto de la ley de acceso. Se constituyó, así, un Grupo de Trabajo para desarrollar el tema.

Participaban del Grupo de Trabajo el departamento jurídico de la CGU, el Ministerio Público Federal, el Ministerio de las Relaciones Internacionales (Itamaraty), ABONG (Asociación Brasileña de ONGs), ABI (Asociación Brasileña de Prensa) y Transparencia Brasil. En los debates, las organizaciones indicaron la importancia de incluir, en la propuesta, la creación de un organismo centralizado para recibir los reclamos por el incumplimiento de las disposiciones de la ley.
El texto del anteproyecto de ley que resultó de este trabajo circuló entre los miembros del Consejo y en 2006, fue presentado al ministro de defensa de aquel momento, Waldir Pires.

Según el texto de la propuesta, los órganos públicos deberían poner bancos de datos a disposición de la ciudadanía, en sitios de Internet. El anteproyecto define también un plazo de 30 días para dar respuesta a la solicitud de información. La persona interesada debería recibir, en este período, la indicación de fecha, lugar y procedimiento para realizar la consulta de los datos requeridos. En caso de denegación parcial o total, las razones deberían ser informadas al solicitante. La norma garantizaría también el derecho de apelar en caso de negativa.

Debido al silencio del gobierno, el director ejecutivo de Transparencia Brasil, Claudio Weber Abramo, demandó constantemente a la Casa Civil una posición sobre el anteproyecto de ley. El trabajo de Transparencia Brasil fue vital para mantener el tema en la agenda de las esferas gubernamentales.

En 2006, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva recibió una carta del Forum de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas solicitando una manifestación al respecto del tema. Durante su campaña electoral por un nuevo mandato presidencial, Lula afirmó que si era reelecto, sometería el anteproyecto de ley de acceso a la consulta pública. El presidente dijo que pretendía enviar el documento al Congreso Nacional el año siguiente, 2007, lo que nunca ocurrió.

El mensaje del Forum a Lula -y también a los otros candidatos a la presidencia en las elecciones de 2006- reclamaba el envío al Congreso, en el transcurso del 2007, de un proyecto de ley para reglamentar el derecho de acceso a la información pública. La coalición de organizaciones también solicitaba la publicación en tiempo real y a través de Internet, de informaciones sobre la ejecución del presupuesto, e información financiera de los órganos de la administración pública. También persistía la demanda por la adopción de procedimientos para la correcta gestión y almacenamiento de archivos.

Hacia fines de 2007, OAB presentó acción directa de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en contra de los dispositivos de la Ley 8.159/91, que establece la política nacional de archivos, y la Ley 11.111/05 que regula los criterios para la clasificación de documentos confidenciales. El presidente de OAB, Cezar Britto, fundamentó la acción judicial en el “inestimable número de documentos públicos de interés público están, arbitrariamente, con apoyo de las normas constitucionales, ocultos de los titulares del poder, es decir, el pueblo”.

Al inicio de 2008, la Fiscalía General de la Nación presentó una nueva acción directa de inconstitucionalidad en contra de las referidas normas, también conocidas como “leyes del sigilo eterno”, en tanto permiten la prorrogación indefinida de la reserva de los archivos. El Forum, publicó entonces una nota oficial de apoyo a la presentación judicial. “Esas leyes sirven, en verdad, para restringir el conocimiento de informaciones relacionadas a la actuación del Estado en temas de interés público, además de evitar el conocimiento de hechos significativos de la historia del país”- defendió la coalición.

En diciembre de 2008, la prensa comenzó a publicar el posible envío de un proyecto de ley de acceso a la información hacia el Congreso Nacional. El texto de la nueva norma obligaría a los ministerios a divulgar informaciones sobre los archivos mantenidos en sigilo. Las instituciones también deberían explicar cuáles son los motivos de las clasificaciones. Según el proyecto divulgado, habría una reducción de los plazos de reserva de los archivos, pero se permitiría la prorrogación indefinida de la reserva.
El 1° y 2° de abril del corriente año, el Forum organizó el Segundo Seminario Internacional sobre el Derecho de Acceso a Informaciones Públicas, que contó con la participación de especialistas de Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, además de representantes del poder público. En la ceremonia de apertura, la ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, se comprometió a enviar el proyecto de ley de acceso al Congreso Nacional a fines de ese mismo mes. La ministra también declaró que la reglamentación prohibiría el sigilo en casos de violación de los derechos humanos.

Después del seminario, el Forum envió un oficio al Poder Ejecutivo con contribuciones al proyecto de ley, a partir de los consensos alcanzados en el seminario. El documento aconsejaba que la reglamentación tuviera amplitud para los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y para todos los niveles (federal, provincial y municipal) del gobierno; que se creara un órgano de supervisión en la esfera del Ejecutivo federal y la determinación para que otros Poderes, en todos los niveles, también crearan sus órganos de supervisión y, finalmente, que fuera creada una lista anual de los documentos divulgados y también de los archivos clasificados.
Pocos días atrás, el 13 de mayo, después de más de media década de debate y demandas por una legislación para la libertad de acceso a informaciones públicas en Brasil, la Presidencia de la República envió el proyecto de ley de acceso a la información al Congreso Nacional.

Para el Forum de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas, el proyecto de ley es un paso importante, pero el proceso no ha terminado. Es necesario que todos los poderes públicos y la población se movilicen para cambiar la cultura de opacidad que prevalece en el país desde hace décadas. Los gobiernos ofrecen pocos datos y la ciudadanía se acostumbró a no pedir información. Esa costumbre necesita, junto con la ley, ser modificada.

Las organizaciones que participan del Forum de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas han reclamado participar activamente del proceso de discusión del proyecto de ley en el Congreso. Esperan contribuir para mejorar el texto producido por el Ejecutivo. También vislumbran el momento siguiente, aún más desafiante, en que buscarán ayudar a la sociedad a ejercitar de manera plena su derecho constitucional de conocer todo lo que pasa dentro de los poderes públicos.

A continuación, la lista de todas las organizaciones que hoy participan del Forum de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas:

Abong (Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais)
Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo)
Abrat (Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas)
Ajufe (Associação dos Juízes Federais)
Alal (Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas)
Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão Bonito)
Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho)
Andi (Agência de Notícias dos Direitos da Infância)
ANJ (Associação Nacional de Jornais)
ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República)
APJ (Associação Paulista de Jornais)
Artigo 19
Associação Contas Abertas
Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas)
Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais
GTNM-RJ (Grupo Tortura Nunca Mais – RJ)
Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas)
Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos)
MPD (Movimento do Ministério Público Democrático)
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
Projeto SOS Imprensa - Faculdade de Comunicação da UnB
Renoi - Rede Nacional de Observatórios de Imprensa
Transparência Brasil

Fuente: Forum de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas.