El 20 de abril de 2009 entrará en vigencia en Chile la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información en manos del Estado. Sancionará a los organismos que no otorguen la información requerida.

Acceder a la información de un organismo del Estado, como servicios públicos, municipios o el Poder Judicial, para el ciudadano común y corriente puede llegar a transformarse en toda una aventura. Bien lo saben, además, los periodistas quienes deben lidiar a diario con las fuentes oficiales para la recopilación de datos y antecedentes.

Pues bien, a partir del 20 de abril del próximo año, las instituciones públicas estarán obligadas a responder a los requerimientos informativos, no sólo de los medios de comunicación, sino también de cualquier persona. Ese día, comienza a regir a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información que se encuentra en manos del Estado, entiéndase ministerios, servicios y municipalidades.

“Se trata básicamente de que los organismos públicos entiendan que deben estar prestos a entregar información de interés público, lo que en vista de los convenios internacionales firmados por el país, constituye un derecho humano”, explica Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación ProAcceso, quien dictó ayer en la Primera Sala del Teatro Municipal de Chillán, el “Taller de Acceso a la Información Pública”, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y LA DISCUSIÓN.

Según expuso Sánchez, la entrada en vigencia de la ley, conllevará la instauración de una institucionalidad propia, llamada Consejo para la Transparencia, a la que la ciudadanía y los medios pueden reclamar si estiman que un organismo público les negó información.

“El consejo evaluará si efectivamente se debe entregar o no la información, y si es así, el organismo debe acceder, de lo contrario arriesga una denuncia en la Corte o ante Contraloría si existe responsabilidad administrativa”, sostiene Sánchez.

DESAFÍO PÚBLICO

La entrada en vigencia de la ley conllevará, además, desafíos “gigantescos” para las instituciones públicas, que deberán modernizar fuertemente sus sistemas de archivos y base de dato.

“La gestión va a ser fundamental, porque muchos deberán readecuar sus políticas de clasificación y archivos, debiendo, tal vez, derivar recursos desde otros ítemes”, prevé el jurista. El Consejo para la Transparencia estará presidido por Juan Pablo Olmedo, ex director de la Fundación ProAcceso.



Fuente: La Discusión