A ver... creo que de nada sirve hacer un pedido formal de AI si la documentación entregada no está firmada y sellada por un funcionario. La idea de utilizar esta herramienta como medio para obtener información tiene como principal objetivo documentar todos los datos solicitados. Que esta información sea entregada por un organismo del Estado (independientemente a qué poder pertenezca) no nos garantiza que sea real o fidedigna. Por eso, si está acompañada por una firma, además de la información solicitada, contamos con el nombre de alguien que se hará responsable. ¿Por qué uso las solicitudes formales? Muchas veces para evitar entrar en conflicto con los funcionarios que pueden estar involucrados en la nota que estoy realizando. En otros casos, porque si el pedido es informal, la entrega de datos suele dilatarse o no es posible que esa información esté documentada. Si bien no siempre es posible, la idea es que todas las publicaciones periodísticas tengan ese respaldo. Insisto: no siempre se puede.

Yo utilicé ocasionalmente este recurso para solicitar información a un ministerio. La solicitud fue respondida negativamente, aduciendo carecer de tal información. Yo sabía que existía información sobre el tema, pero no conocía el tipo de documentación que lo contenía, de modo que debí formular el pedido en forma lo suficientemente amplia como para abarcar cierta diversidad, pero también de un modo bastante específico como para que no me entreguen cualquier cosa en respuesta. Sigo creyendo que hay información de lo que pido. Pero en ocasiones como esta, la herramienta de pedido se parece a consultar un archivo sin catálogo. Uno debe adivinar qué cosas existen, quién las tiene y cómo se las nombra. Teniendo en cuenta que además, demoraron cuatro meses en responder, la opción de insistir modificando el pedido no es siempre posible. Creo que es una herramienta útil a los efectos de atribuir a una fuente una información que ya se conoce o se tiene.

Se acercan las elecciones legislativas de medio término en la Argentina y el tema de acceso a la información pública no figura en la agenda de ninguno de los candidatos. El gobierno de Néstor Kirchner dictó un decreto que permite el acceso a la información en las dependencias de Poder Ejecutivo, pero ni su administración ni la de su esposa, Cristina Kirchner, impulsaron la sanción de una ley para que el derecho pueda ejercerse en el resto de los poderes del Estado. Los resulados de la aplicación del decreto en el Poder Ejecutivo son dispares y llevan a preguntarse algo: ¿sirve una norma si no es acompañada por una política de transparencia y de una campaña de promoción del ejercicio de el derecho que esa norma reglamenta? Me gustaría saber qué medidas se tomaron en otros países, en acompañamiento de la sanción de leyes o reglamentos de acceso a la información. Gabriel Sued (Buenos Aires, Argentina)