Hoy, el periódico Mi Ciudad, del Municipio Bonaerense de Florencio Varela presentó, con el apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles, un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para acceder a información sobre el gasto de recursos públicos de esa comuna.

Hace cuatro años, Alejandro Suárez, director del periódico Mi Ciudad quiso conocer la nómina de personas que trabajaban para el Municipio de Florencio Varela, junto con las tareas que desempeñaban y las remuneraciones que percibían en tal concepto. Para ello, realizó una solicitud formal de acceso a la información pública. El gobierno comunal no le dio respuesta.

Desde entonces, el caso se discute en la justicia. En el año 2005, Mi Ciudad inició, con el apoyo legal de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una acción de amparo con el objeto de hacer valer su derecho de acceso a la información pública. Aún cuando la justicia no ha dado la razón al periódico, en los hechos, el Municipio parece haber reconocido en parte su falta.

Poco después de presentada la demanda ante los estrados y antes que el Juez de primera instancia se expidiera, el gobierno local de Florencio Varela, ya había dado a conocer en forma parcial parte de los datos. En concreto, publicó en su sitio web, la nómina de personas que dependen laboralmente y las actividades que desempeñan en el Municipio. Sin embargo, nunca dio a conocer el monto de los sueldos.

Esto habilitó a la justicia para entender que ya no había derecho que reconocer. La nómina de empleados y sus actividades era información que el Municipio ya había difundido y el monto de los honorarios debía ser protegido con fundamento en el derecho a la intimidad. Tanto la Justicia de Primera Instancia como la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, desconocieron la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública en Argentina al rechazar en ambas instancias la acción de amparo interpuesta y por entender, además, que no se trataba de la vía judicial idónea para discutir el alcance de este derecho fundamental.

Hoy se presentó un recurso extraordinario para que sea la Suprema Corte provincial la que se expida sobre si la información referida a cuánto gasta el municipio en sueldos es un dato público que todas las personas deben poder conocer o si, como contrariamente lo entiende la cámara, no existe un interés público predominante en el caso.

El acceso a la información como derecho positivo en Argentina
Es probable que la falta de una norma de carácter nacional que regule la materia, tenga algo que ver en esto. Una ley de acceso a la información pública de carácter nacional que receptara los estándares internacionales en la materia seguramente dejaría menos lugar a interpretaciones que no se ajustan a derecho.

Hoy, la Provincia de Buenos Aires tiene una ley de acceso a la información, pero la misma es acotada y ha quedado desactualizada en relación con los avances sobre transparencia y acceso a la información pública que tuvieron lugar, especialmente, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes vs. Chile”. Es que justamente, desde que se dictara esta sentencia, Honduras, Nicaragua, Chile, Guatemala y Uruguay sancionaron leyes que regulan la materia.

Por su parte, la Argentina ha suscripto diversos instrumentos internacionales que garantizan el derecho de acceso a la información pública, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Interamericana contra la Corrupción, la justicia de la Provincia de Buenos Aires se niega a hacer una aplicación adecuada de estas normas y de los estándares internacionales en esta materia. Además, algunos de estos tratados cuentan con jerarquía constitucional en Argentina desde la reforma de la Carta Magna en 1994.