Oscar Londero es miembro de Periodismo por el Acceso a la Información pública y editor responsable de www.accesolibre.org. En esta columna relata el incumplimiento del derecho de acceso a la información pública en su provincia.

En Entre Ríos, una provincia situada en la zona este de Argentina, se puede saber si los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo presentan sus declaraciones juradas patrimoniales. No así en el caso de las autoridades y magistrados del Poder Judicial.

La situación es de gravedad institucional. Presentado el 8 de mayo de 2008 por el autor de estas líneas, sigue sin respuesta un pedido de acceso a información pública radicado ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia.

El máximo responsable del Poder Judicial de Entre Ríos no sólo se resiste a brindar la lista de cumplidores e incumplidores de la Ley 3.886, que en 1953 instituyó el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Carubia también se niega a informar si se le retiene su sueldo a algún funcionario o magistrado que no haya indicado cómo se compone su patrimonio, tal como lo prevé la Ley 3.886 en su artículo 15°.

La falta de respuesta motivó una nueva presentación el 2 de febrero pasado. Como la primera vez, se invocaron los artículos 1, 14 y 75 inc. 22) de la Constitución Nacional; el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el 13 de la Constitución de Entre Ríos, vigente desde el 11 de octubre de 2008 y que Carubia juró respetar y defender.

Todos esos artículos reconocen el derecho de acceso a la información pública.